Pese a que las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó tienen medidas de protección especial, ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siete líderes del proceso de restitución de tierras en las cuencas de esos ríos han sido asesinados en los últimos años.
Ayer se conoció la muerte violenta de Manuel Ruiz y su hijo Samir de 15 años, quienes fueron torturados por un presunto grupo paramilitar.
En el Chocó, son en total 100 mil hectáreas de territorios colectivos que fueron despojadas a sangre y fuego por grupos armados ilegales hace 15 años, y que luego fueron ocupadas, en su mayoría, por grandes empresas palmicultoras.
Esta semana, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que grupos armados ilegales quieren frenar el proceso de restitución y que el Gobierno no permitirá que esta clase de hechos violentos entorpezcan la titulación prevista para el próximo 15 de abril de los territorios colectivos.
El Gobierno da las últimas puntadas al censo, ordenado por la Corte Constitucional, para establecer quiénes serán los beneficiarios reales de estas tierras.]]>